Pozuelo: continúa el desastre

Pozuelo: continúa el desastre

Artículo publicado en    INFOLIBRE sobre el centro de formación de Pozuelo

Ya hablamos en otros comunicados sobre el supuesto centro de formación de Pozuelo, sobre el alegre derroche de unos recursos públicos para fines poco o nada confesables. Aquí no se han cumplido ni los objetivos institucionales -el centro poco o nada ha servido para formar- tampoco los pijiobjetivos (talleres de cata de gin tonics y vinos, yoga, pilates y fitness).  ¿Algún responsable de este desastre pagará las consecuencias?

La Seguridad Social vende un complejo residencial para funcionarios porque subcontratarlo le sale muy caro

§  Saca a subasta por 59,6 millones de euros un centro de formación con hotel, restaurante, auditorio, gimnasio y piscina en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

§  Proyectado en 2002, el recinto no abrió sus puertas hasta octubre de 2013 y ha permanecido cerrado 19 meses de sus seis años de vida

§  Las instalaciones han sido explotadas por dos concesionarios: el primero terminó en pleitos con el organismo público por aceptar clientes privados

Begoña P. Ramírez

La Seguridad Social sacará a subasta el centro de formación para funcionarios que posee en Pozuelo de Alarcón (Madrid), un complejo de 25.666 metros cuadrados que incluye un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, restaurante, autoservicio para 195 comensales, un auditorio con aforo para 480 personas, sala de juntas y ocho aulas. También cuenta con piscina climatizada y gimnasio. La fecha de la puja se hará pública en el BOE antes de acabar el año. El precio de salida, 59,6 millones de euros. Y la razón, que utilizar otros inmuebles de su propiedad le resulta mucho más barato al organismo público.


La venta del complejo es sólo el último capítulo de la historia de un fiasco. El centro abrió sus puertas en octubre de 2013, casi 12 años después de que Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social en el segundo Gobierno de José María Aznar, presentara en público la maqueta del megaproyecto, en febrero de 2002. En principio, la inauguración estaba prevista para 2005 y el presupuesto ascendía a 25,57 millones de euros. Sin embargo, las obras no se adjudicaron hasta 2007, y el presupuesto para entonces ya había subido a 28,78 millones. Tres años más tarde se proyectaron obras complementarias que aumentaron el coste 7,73 millonesHubo que esperar a 2012 para que se licitara el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Finalmente, su explotación se adjudicó a la empresa hostelera Touractive, la única que se presentó al concurso. Pero ocho meses antes de que se cumplieran los tres años fijados como plazo de ejecución, en febrero de 2016, el complejo ya estaba cerrado.

La Seguridad Social había comunicado al concesionario la resolución del contrato por “incumplimiento culpable de la empresa, tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y el canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios. En mayo de ese mismo año la Seguridad Social presentó una demanda civil contra Touractive.

Sin efectos

El centro se había construido para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social mientras recibían cursos de formación, incluidos sus familiares “hasta segundo grado inclusive” durante los fines de semana o a directivos que participaban en jornadas o seminarios internacionales, pero también a clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”, según constaba en su página web. Para hospedar usuarios privados debía mediar una autorización previa de la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como establece el pliego del condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el nuevo recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” su uso “podría extenderse al sector privado”.

Sin embargo, ese uso combinado público/privado no dio el resultado apetecido. Durante los primeros seis meses, según cuenta a infoLibre Justo Domingo Blanco, administrador de Touractive, el sistema funcionó “muy bien”. El “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.comletsBookHotel.comrumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrecía “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclamaba.

Hasta que en diciembre de 2013 el director general envió una carta a la empresa donde le prohibía aceptar como cliente a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Social. Tenía que pedir autorización –Justo Domingo dice que se la dieron–, pero a partir de ese momento se la negaron siempre. “Verbalmente”. Como los cursos de formación no cubrían ni el 50% de las fechas y no le dejaban completar la ocupación con clientes privados, el negocio se hundía.

“Fue una mala experiencia”, resume Justo Domingo Blanco, quien niega haber recibido ninguna demanda judicial. Según explica la Seguridad Social a este periódico, la acción legal “no surtió efectos” porque no pudo localizar a la empresa. Su administrador replica que ésta aún sigue activa y funcionando. Y que no ha tenido que pagar ni un euro a la Seguridad Social de las cantidades que ésta le reclamaba.

Ahora ya sin clientes privados

En diciembre de 2016, la Seguridad Social volvió a sacar a concurso la explotación del complejo residencial, que reabrió en abril de 2017, después de más de un año de cierre. La adjudicataria fue Tecnología Alimentaria Catering 4 y 5, una empresa de Alicante. Firmó un contrato administrativo especial por dos años. A cambio, ofreció exactamente el mismo precio de licitación: 320.269,4 euros. El pliego de condiciones técnicas del concurso detalla que el precio se ha calculado sobre el volumen de facturación que el complejo residencial había tenido en 2015. Pero el valor estimado del contrato se eleva a 2,12 millones de euros sin IVA, tras sumar a la cantidad anterior los gastos de funcionamiento del centro, que paga la Seguridad Social: 741.624,25 euros anuales por el 80% del importe de los recibos de agua, gas natural y electricidad.

Además, escarmentados por el malogrado experimento público/privado del primer concurso, los gestores de la Seguridad Social ya habían aprobado una resolución en julio de 2016 para “delimitar la actividad” del centro de Pozuelo. Y en el pliego de condiciones precisan que el complejo residencial “no estará abierto como establecimiento hotelero al público en general, sino que se restringe” a los empleados públicos de la Seguridad Social para cursos de formación, y a sus asociaciones y federaciones, así como a los funcionarios en prácticas de ese organismo para sus pruebas de selección y a eventos organizados en colaboración con “universidades y organismos nacionales e internacionales”.

Mucho más barato

Una vez reabierto, los precios eran de 36,3 euros el alojamiento y desayuno, 10,73 euros un almuerzo y 12,1 euros la cena, tal y como informó la Seguridad Social a sus funcionarios en una nota informativa de abril de 2017. Según explica ahora el organismo público, la explotación del complejo residencial por esta segunda empresa se desarrolló “con plena normalidad”. Lo que no ha sido óbice para que sus gestores hayan renunciado a repetir la experiencia. El motivo que aducen no es otro que la Seguridad Social ya dispone de otros inmuebles que “por sus características pueden ser destinados a los mismos fines formativos”, pero “con unos costes significativamente más reducidos” que el centro de formación de Pozuelo.

infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por las pérdidas que ha soportado por el errático funcionamiento del complejo, pero no ha precisado una cantidad. Además de los sobrecostes de construcción del proyecto inicial, habría que añadir los gastos que la Tesorería reclamó a Touractive y ésta no abonó. Sin contar que en total ha permanecido cerrado 19 meses de sus cortos seis años de vida. Y así seguirá hasta que se adjudique en subasta, previsiblemente antes de que acabe este año. El precio de salida, indica el organismo público, está ajustado a “la situación del mercado inmobiliario”.

Confederación General del Trabajo

Sindicato Federal de la Administración General del Estado


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.