La Inspección de Trabajo obliga a la TGSS a entregar toda la documentación sobre el amianto en el complejo de c/Astros

La denuncia fue presentada por la Junta de Personal y el Comité de Empresa a instancias de CGT

El pasado 23 de febrero (aunque acabamos de recibirlo) se ha emitido requerimiento por la Inspección de Trabajo a la Tesorería General de la Seguridad Social instándola a entregar a los representantes de las y los trabajadores toda la documentación acerca de la presencia de amianto en el complejo de C/ Astros. Este requerimiento es consecuencia de la denuncia que presentamos de manera unitaria todos los sindicatos del MEySS a través Junta de Personal y Comité de Empresa, a propuesta de CGT. Tuvimos que llegar a esta situación por la negativa de la DG de la TGSS a informar de manera previa, como es preceptivo, a los representantes de los trabajadores ante cualquier cuestión que les afecte. Máxime en un tema tan sensible como es la existencia de un riesgo grave para la salud del colectivo que supone la presencia de un material peligroso como el amianto.

El requerimiento pone las cosas claras en cuanto a las obligaciones de la TGSS. A continuación os resumimos lo más importante a expensas de posteriormente hacer un análisis más exhaustivo:

deberá adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores y sus representantes reciban información detallada y suficiente sobre:

 a) Los riesgos potenciales para la salud provenientes de la exposición al polvo de amianto…

b) …evaluación y control del ambiente de trabajo

c) Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores…

d) Los peligros especialmente graves del hábito de fumar…

e) La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de equipos de protección individual…

f) Cualquier otra información sobre precauciones especiales…

Este requerimiento hace mención especial al personal de mantenimiento y al de las contratas externas, obligando al servicio de prevención a elaborar unas instrucciones específicas para estos colectivos antes de que acabe el mes de febrero que deberá poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Y la cuestión más importante que contiene este requerimiento:

La información deberá ser puesta a disposición de los representantes de los trabajadores, mediante entrega física de la misma con fecha límite del 23 de febrero de 2017. Copia de esta misma documentación será enviada a la Inspectora actuante.

 En caso de que en el futuro se realicen tareas de desamiantado, los delegados de prevención o en su defecto los representantes legales de los trabajadores recibirán copia de los planes de trabajo…

En definitiva, este requerimiento de la Inspección de Trabajo deja claro lo que hemos defendido como CGT-CAT desde que tuvimos conocimiento de la presencia de amianto en Astros: que la TGSS debe informar antes de cualquier actuación tanto a los trabajadores como a sus representantes legales, y que informar al colectivo no es “alarmar” sino la más básica de las medidas de prevención. Es, por el contrario, el secretismo y la negación del riesgo de la presencia de amianto el mayor peligro para la salud del colectivo.

Nos ha costado meses de lucha para llegar a este resultado. Eso no es el final sino el comienzo de un proceso en el que vamos a estar muy vigilantes para que todo se haga correctamente. Una vez tengamos la documentación completa y después de haberla analizado informaremos al colectivo de manera exhaustiva, incluyendo la realización de asambleas en el edificio de Astros dentro de la jornada de trabajo.

Hemos demostrado que con una acción sindical tenaz y coherente se pueden lograr resultados positivos. Y hemos dejado claro que no vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los y las trabajadoras. Esperamos que por parte de la dirección de la TGSS se haya tomado nota y que a partir de ahora sus actuaciones estén basadas en la colaboración y en la consulta previa a los representantes legales de los trabajadores.

La nostra força, la solidaritat

Ayer, 1 de febrero, unos 150 compañeros y compañeras de la TGSS de Barcelona, convocados por CGT, se concentraron ante la Dirección Provincial (C/ Aragó, 273) para mostrar su solidaridad con la plantilla de los Servicios Centrales en Madrid  ante la presencia de amianto en el edificio y exigir a la dirección General de la TGSS transparencia y seguridad para abordar este problema.

Hoy, 2 de febrero, a las 11,30h están convocadas las plantillas de TGSS, GISS, IGSS y de las empresas externas de servicios informáticos a una asamblea en la puerta principal de los SSCC de la TGSS en C/ Astros 5-7 para informar de la situación y para exigir a la Dirección que nos entregue toda la documentación que obre en su poder –como es preceptivo- sobre el amianto en el edificio y que cese en el oscurantismo a la hora de abordar este problema. Hemos tenido que convocar la asamblea en la calle al negarnos la posibilidad de realizarla dentro del edificio y en horas de trabajo.

La Seguridad Social encuentra amianto en su sede central pero no informa a la plantilla para no alarmar

Pel seu interès, us reproduïm l’article “La Seguridad Social encuentra amianto en su sede central pero no informa a la plantilla para no alarmar“, de Begoña P. Ramírez, aparegut al digital  InfoLibre.

  • “La Inspección de Trabajo enviará un requerimiento a la Tesorería para que entregue toda la documentación sobre el hallazgo a los sindicatos
  • El organismo asegura que no existe riesgo alguno para los funcionarios y que retirará el mineral carcinógeno aunque no es obligatorio
  • B.Pérez Ramirez A principios del pasado verano una obra en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid desveló la existencia de amianto debajo de la fachada, en las bajantes de aguas pluviales y en las tuberías de las torres de refrigeración. El amianto es un mineral que se utilizaba como aislante en la construcción y es cancerígeno. España lo prohibió en junio de 2002.

    Los delegados de Prevención de los sindicatos fueron informados de la presencia del amianto meses después, el 19 de octubre, pero no se comunicó nada a la plantilla para evitar “alarmas sin justificación”: los responsables de la TGSS les aseguraron que no había ningún riesgo para los trabajadores porque el amianto se hallaba en “zonas inaccesibles para los funcionarios”. Aun así, los delegados solicitaron toda la documentación sobre el asunto, incluidas las mediciones realizadas. En ese momento aún faltaba por inspeccionar el 20% del edificio, situado en la calle de los Astros de Madrid. Construido en los años 70, el inmueble, conocido como Apolo XI, aloja a unos 900 trabajadores.
    El pasado enero, la CGT, sindicato mayoritario en el Ministerio de Empleo, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la TGSS no le proporcionaba la documentación sobre el hallazgo. Este miércoles, ambas partes se han reunido a instancias de los inspectores. Según fuentes de CGT, la Tesorería accedía a entregar los informes si el sindicato desconvocaba la concentración que ha organizado para este jueves. El sindicato, que considera la propuesta “una encerrona”, ha rechazado desconvocar la medida. Por su parte, la Inspección, añaden las mismas fuentes, ha decidido requerir a la Tesorería que entregue la documentación sobre el amianto a los sindicatos. Además, ha instado a ambos a elaborar un comunicado conjunto para informar a la plantilla.
    “La ley obliga a la TGSS a entregar físicamente, en mano, y sin ninguna limitación temporal, los documentos necesarios”, explican fuentes del sindicato a infoLibre. Sin embargo, la Tesorería sólo les permite “ver” los informes en el Servicio de Prevención y Salud Laboral. “Queremos los documentos para que los técnicos del sindicato comprueben si es cierto que no hay peligro”, argumentan.

    Según CGT, hay “más zonas con amianto” de las que se localizaron en un principio”. De hecho, añaden, “este mismo viernes se van a señalizar más puntos” donde se encuentra el mineral cancerígeno y se van a hacer nuevas mediciones. La Seguridad Social no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por los resultados de la inspección de ese 20% del edificio que faltaba por comprobar el pasado mes de octubre.

    El sindicato también denuncia que la Tesorería no ha informado del hallazgo a los trabajadores de las consultoras de informática subcontratadas que trabajan en el edificio, como Atos, Indra, o Connectis. Ni a los empleados de las sucursales del BBVA, Bankia y Santander que comparten locales con la Seguridad Social.

    Los trabajadores de la TGSS se enteraron de la presencia del amianto el pasado 27 de enero, cuando la CGT les envió un comunicado y convocó una asamblea informativa. La TGSS respondió entonces con otra nota donde insistía en la ausencia de riesgo para la plantilla y anunciaba la retirada del amianto y su sustitución por “agentes inocuos”, pese a que la ley no obliga a hacerlo “si no hay riesgo de manipulación o de accidentes que provoquen una fuga de fibras al medio ambiente”. También apunta que los delegados de Prevención a los que informó en octubre discreparon entonces “abiertamente sobre la oportunidad de realizar comunicados que alarmaran sin justificación a las personas que trabajan en el complejo Apolo XI”.

    Contratos pendientes

    A los delegados sindicales la TGSS les comunicó que iba a contratar a una empresa para efectuar “un control dos veces al año” del amianto encontrado detrás de las fachadas, que no puede ser retirado por integrar la estructura del edificio. Igualmente iba a contratar a otra empresa especializada para eliminar el mineral de las bajantes y los conductos. Entonces los responsables de la Tesorería anunciaron que la contratación sería efectiva en enero o febrero de 2017. Pero, hasta el momento, asegura la CGT, aún no se ha contratado a ninguna empresa.

    infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por estas contrataciones, así como por el coste que va a tener toda la operación, pero no ha recibido respuesta. Fulton es la firma que se encarga de las tareas de mantenimiento en el edificio. Sus trabajadores sí corren riesgo, según reconoció la propia TGSS en octubre, puesto que ellos tienen acceso a las zonas donde se ha encontrado el amianto. La empresa que está inspeccionando y localizando el mineral cancerígeno es la multinacional suiza SGS (Société Générale de Surveillance).
    La Tesorería también se comprometió a elaborar un Plan de Control y Gestión del amianto, que según la Seguridad Social se centra en la prevención y que ya se está aplicando. CGT dice que ese plan no existe.

    Sólo reconoce el 1,88% de los casos

    Más de la mitad de los cánceres con origen laboral se atribuyen al amianto, en concreto a la inhalación de las fibras de este mineral. Y es la Seguridad Social la que debe pagar a los afectados la incapacidad temporal por enfermedad profesional, un proceso que suele demorarse años en los tribunales.

    En 2015, el sistema Cepross, por el que se comunican las enfermedades profesionales a la Seguridad Social sólo registró 23 partes por agentes cancerígenos, de los cuales 19 correspondieron a exposiciones al amianto. Los sindicatos se quejan de la “infradeclaración” de cánceres originados en el trabajo. Aún más en el caso del amianto. El último informe del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (Pivistea), del Ministerio de Sanidad, es de 2014. Tiene carácter bianual y el de 2016 aún no ha sido publicado. Según este documento, la Seguridad Social sólo reconoce el 1,88% de los casos de enfermedades derivadas del amianto, es decir, de los 3.384 diagnosticados hasta esa fecha, sólo ha reconocido 64.”

Dimarts 24 de gener a les 19h: ASSEMBLEA del sindicat d’activitats diverses de la CGT de Girona

Per la present es convoca a les seccions sindicals, militants i afiliades del sindicat d’activitats diverses de Girona a la assemblea de militants que tindrà lloc el día 24/01/2017 a les 19:00h a les instal·lacions de la CGT de Girona (Av. de Sant Narcís, 28, 17005 Girona), amb el següent ordre del dia (provisional fins 23/01/2017 a les 24:00h).

Si sol·liciteu afegir punts es prega assistència per desenvolupar-los.

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior si escau.

2.- Repàs acords i tasques acordades prèviament

3.- Informació de les seccions sindicals.   

4.- 8 de Març, dia internacional de la dona treballadora 

5.- 1r de Maig, dia del treballador 

6.- Mobilització en defensa de les pensions en Febrer

7.- Altres

 

El problema de las pensiones no es la demografía

Us reproduïm aquest article aparegut al blog Apuntes de demografía del doctor en sociologia, demògraf i investigador del CSIC Julio Pérez Díaz .

Miret, P. & Zueras, P. (2016) La quiebra en el sistema público de pensiones: ¡no en nombre de la demografía! en Perspectives Demogràfiques, n. 8

Prácticamente todos los países del mundo muestran hoy una fuerte tendencia a recuperar los discursos demográficos alarmistas, tan extendidos durante el auge de los nacionalismos previo a la segunda guerra mundial. La “baja” natalidad y el envejecimiento demográfico son de nuevo el gran coco que justifica recortes, llamadas al patriotismo y políticas moralizantes para que se refuerce la familia tradicional y cada cual cumpla su rol y su obligación reproductora (especialmente las mujeres, esas descarriadas eternas en nuestra historia demográfica).

En medio de esta oleada política, la gran paradoja es que cualquiera toma los datos de población y los interpreta a su gusto, mientras que sobran los demógrafos y su elaboración y análisis de tales datos, porque no conducen a los resultados preconcebidos por la ideología gobernante. Me he hecho eco aquí muchas veces de esta paradoja (véase, a título de ejemplo, cómo una comisión senatorial española  creada para tratar un problema demográfico acaba ninguneando a los expertos convocados, para centrarse en un panfleto redactado por un absoluto ignorante de dicha disciplina).

Hoy recomiendo nuevamente leer lo que dicen los demógrafos acerca del problema de las pensiones en España, en este caso dos investigadores del CED, único centro de investigación específicamente dedicado en España a esta materia.  Como podrá comprobarse, lejos de atravesar una coyuntura poblacional desfavorable para el sistema público de pensiones, nuestra demografía jamás fue mejor para nutrir su caja. Lo sorprendente es que una afirmación tan rotunda como ésta, basada en datos y análisis rotundos e incontestables, sea ignorada como si los demógrafos de verdad nunca dijesen nada. El bombardeo masivo y constante para convencer a la ciudadanía de todo lo contrario acaba triunfando por pura machaconería, pero no podrá decirse que nos mantuvimos callados mientras tanto.

Novedades legislativas 2017

Pincha en los vínculos para llegar a la publicación en el BOE

 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2017 (BOE 31/12/16, Real Decreto 742/16.)

  • El SMI en 2017 es 707,7 € por 14 pagas, cuantía anual 9.907,8 €.
  • Servicio del hogar por horas 5,54€/hora.
  • NOTA GRAVE: los convenios actualmente vigentes que tomen o hagan referencia al SMI, mantendrán el valor de 2016 en el presente año, si no hay acuerdo expreso de aplicar el de 2017, si bien ningún total retributivo anual de jornada completa puede resultar inferior a 9.907,8. Esto se aplica también a cualquier norma o pacto actual, que no se modifique, sea privado o sea de administración no estatal (autonómica, provincial, local).
  • El IPREM sigue siendo 532,51 € por 12 o por 14 pagas, según casos, prórroga por ahora de 2016.

 

BASES DE COTIZACIÓN

  • La Base Máxima de cotización en 2017 es 3.751,26 €/mes. (BOE 3/12/16, Real Decreto-ley 3/16, artículo 9)
  • La Base Mínima mensual R. General jornada completa 2017 es 825,65 €, según artículo 19.2 LGSS.
  • La Base Mínima ordinaria de cotización de RETA es 893,10 €/mes, prórroga de 2016.
  • La Base de cotización en REEH es según tramos de escala de retribución.

 

IPC 2016

  • IPC 2016 es 1,5 % (dato provisional adelantado INE, confirmar definitivo en página internet de INE).

 

PENSIONES 2017 (BOE 31/12/16, RD 746/2016)

  • Revalorización pensiones actuales 0,25% desde 1 enero 2017.
  • Pensión máxima 2.573,7 euros por 14 pagas al año.
  • Pensión mínima mayor 65 años con cónyuge a cargo 786,90 € por 14 pagas/año (737,6 menor de 65).
  • Pensión mínima mayor 65 años unipersonal 637,7 € por 14 pagas/año (596,5 menor de 65).
  • Pensión mínima mayor 65 con cónyuge no a cargo 605,1 € por 14 pagas/año (563,8 menor de 65).
  • Pensión SOVI 408,1 € por 14 pagas al año.
  • Pensión no contributiva 368,9 € por 14 pagas al año. Estos pensionistas tienen posible ayuda para alquiler de vivienda de 525 €/año en un solo pago.
  • Para percibir pensión mínima no puede haber otros ingresos superiores a 7.116,18 €/año sin cónyuge u 8.301,1 €/año con cónyuge. Además, el complemento por mínimos (artículo 59 de nuevo texto LGSS) para pensión mínima posterior a 1/1/13 no puede sobrepasar la cuantía de pensión no contributiva, en este año 368,9 €/mes. Así, esas pensiones están quedando por debajo de las mínimas contributivas indicadas.

 

PRESTACIONES FAMILIARES 2017 (BOE 31/12/16, RD 746/2016; y LGSS 351-361)

  • Por nacimiento o adopción en casos especiales (familia numerosa…) 1.000 €.
  • Por parto o adopción múltiple: dos hijos 4 veces SMI, tres hijos 8SMI, cuatro o más hijos 12SMI.
  • Por cada hijo a cargo menor hasta 18 años, 291 €/año, si se cumplen requisitos (límite ingresos etc.).
  • Si, además, el menor es con discapacidad de 33% o más, 1.000 €/año.
  • Por hijo mayor de 18 con 65% o más de discapacidad, 4.426,8 €/año (368,90 € por 12).
  • Por hijo mayor de 18 con 75% o más de discapacidad, 6.640,8 €/año (553,4 € por 12).
  • Recuerda también que siguen vigentes los 100 €/mes a cargo de Hacienda por hijo menor de 3 años de madre trabajadora (artículo 81 ley IRPF y 60 reglamento IRPF, solicitud modelo 140), así como 100 €/mes por familia numerosa o por persona con discapacidad a cargo de trabajador o pensionista (solicitud de abono anticipado modelo 143, Orden de Hacienda BOE 12/3/15, y artículos 81 bis y DA 42ª ley IRPF y 60bis reglamento IRPF).

 

JUBILACIÓN EN 2017 Un paso más de recortes en la reforma iniciada en enero de 2013.

  • Edad ordinaria 65 años y 5 meses, o 65 años habiendo cotizado 36 años y 3 meses o más.
  • Base reguladora de la pensión, sale de lo cotizado en los 20 años inmediatos anteriores.
  • Pensión 100% de la base reguladora requiere 35,5 años cotizados. Por cada mes que falte se descuenta -0,19% (o -0,21% a los meses más allá de 83). Por cada año cotizado sobre la edad ordinaria, se añade un porcentaje de 2% a 4% según años cotizados. Las madres de dos hijos tienen un añadido de 5% (3 hijos 10%, 4 o más 15%) en jubilación ordinaria.
  • Jubilación PARCIAL antes de la edad ordinaria, requiere: 6 años de antigüedad; 33 años cotizados y 61 años y 10 meses de edad, o 34 años y 3 meses o más cotizados y 61 años y 5 meses de edad, o haber cotizado antes de 1967 y 60 años de edad; reducción jornada máximo 50% y contrato de relevo, o máximo 75% con contrato de relevo fijo a tiempo completo; cotizar 70% de la base de jornada completa. SE MANTIENE LA ÚLTIMA LEGISLACIÓN ANTERIOR hasta 1/1/2019 en casos de acuerdos colectivos debidamente registrados sobre plan de jubilación parcial anterior a 1/4/2013: 61 años edad, 30 años cotizados, reducción jornada máximo 75% u 85%, base reguladora sobre 15 años etc.
  • Jubilación ANTICIPADA INVOLUNTARIA: máximo 4 años antes de edad ordinaria (desde 61 años para quienes corresponde jubilarse a sus 65 años, o desde 61 años y 9 meses para quienes corresponde jubilarse a sus 65 años y 9 meses en 2021 o antes), 6 meses inmediatos inscrito como parado por ERE o despido objetivo (acreditar indemnización cobrada o reclamada en juzgado) o concurso o violencia género o fin empresa; 33 años cotizados; por cada trimestre o parte anticipado se reduce desde 1,875% hasta 1,5% según total años cotizados desde menos 38,5 a más 44,5. SE MANTIENE LA ÚLTIMA LEGISLACIÓN ANTERIOR hasta 1/1/2019 en extinciones contratos antes 1/4/2013 si no ha vuelto a trabajar, y en ERTES o ERES o concursos de antes 1/4/2013 debidamente registrados: 61 años edad, 30 años cotizados, reducción pensión por cada año anticipado o parte desde 7,5% a 6% según total años cotizados desde menos de 34 a más de 40, etc. También se aplica así sin límite y con 60 años de edad a cotizante anterior a 1967 que ha sido cesado.
  • Jubilación ANTICIPADA VOLUNTARIA: máximo 2 años antes de edad ordinaria (desde 63 años para quienes corresponde jubilarse a sus 65 años, o desde 63 años y 7 meses para quienes corresponde jubilarse a sus 65 años y 7 meses en 2019 o antes), 35 años cotizados, cuantía pensión que sea superior a la mínima de 65 años; por cada trimestre o parte anticipado se reduce desde 2% hasta 1,625% según total años cotizados desde menos 38,5 a más 44,5. Si cotizó antes de 1967, cabe a los 60 años con una reducción de pensión por año o fracción anticipado de 8%.

 

CUATRO SEMANAS POR PARTERNIDAD (BOE 30/10/15, ley 48/15, DF 11ª)

  • Desde el día 1/1/2017 es de CUATRO SEMANAS el derecho a la suspensión de contrato de trabajo y prestación por PATERNIDAD establecido en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 49 c) del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 183 de la vigente LG de Seguridad Social. Este derecho se estableció en la ley 9/2009, pero quedó en suspenso hasta ahora.

 

La gran crisis de las pensiones privadas

(Article de Pere Rusiñol, publicat a Alternativas Económicas, secció d’economia d’Eldiario.es.)

Los bajos tipos de interés hunden la rentabilidad de los fondos y ponen en entredicho los sistemas de capitalización

Los planes privados están expuestos a los vaivenes de los mercados: los ahorros de toda una vida pueden esfumarse por una mala inversión

En España, la rentabilidad ha pasado del 8% de 2014 al 2% de 2015, la sexta peor caída entre los 35 países de la OCDE

Los lobistas de las pensiones privadas llevan toda una vida augurando la inminente crisis del modelo público. Y ahora que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, resulta que lo que amenaza de verdad con estallar son los sistemas privados. Y en todo el mundo.

El modelo público español es de reparto: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. La mayoría de sistemas privados, en cambio, tienen un modelo de capitalización: cada trabajador va poniendo dinero en una hucha propia, que será su futura pensión.

Hace años que los economistas críticos advierten de que los peligros que acechan a los modelos públicos por el envejecimiento de las sociedades afectan igual a los modelos de capitalización, que tienen compromisos de pago inasumibles. El mayor fondo estadounidense —el de los funcionarios de California, Calpers— es un buen ejemplo. Según The Wall Street Journal, el fondo tiene hoy un gran agujero: sólo cuenta con activos para abordar el 68% de los compromisos adquiridos. Y la situación empeorará pronto, puesto que ahora gasta en las pensiones el 20% de lo que ingresa, pero el envejecimiento de sus clientes le obligará a duplicar los pagos en apenas cinco años.

Símbolos en la picota

El primer fondo europeo — el holandés ABP— está en una situación parecida: su agujero es del 10% y va empeorando con rapidez, puesto que hoy sólo el 40% de sus clientes aportan ingresos y el resto cobra pensión. Hace una década que sus pensiones están congeladas y el debate es ya reducirlas. 

En Chile —el gran símbolo del modelo privado, impuesto por Augusto Pinochet— la situación es tan mala que el pasado verano hubo  manifestaciones masivas exigiendo cambios. La pensión media apenas supone el 34% del último salario percibido.

Además del envejecimiento, los modelos privados tienen otros dos problemas adicionales: las elevadas comisiones que cobran los gestores bancarios de los planes y que están completamente expuestos a los vaivenes de los mercados financieros: los ahorros de toda una vida pueden esfumarse ante una mala inversión.

La situación provocada por los bajos tipos de interés ha añadido nubarrones: ahora es mucho más difícil conseguir rentabilidades que permitan afrontar el pago de cada vez más pensiones. Las cifras que aporta el  último informe de la OCDE sobre el mercado de pensiones, de julio pasado con datos de 2015, son impresionantes: la rentabilidad neta (tras descontar la inflación) a diez años de los fondos de pensiones se ha desplomado en un santiamén y en todos los países: en Dinamarca ha pasado del 16,6% de 2014 al 0,8% en 2015; en Holanda, del 15,1% al 0,6%, y en varios países los últimos datos agregados son incluso negativos: en Polonia (-6,1%), Turquía (-5,9%) y hasta EE UU (-1,1%).

En España, la rentabilidad ha pasado del 8% al 2%, la sexta peor caída entre los 35 países de la OCDE. Pero según sucesivos estudios de Pablo Fernández, el profesor del IESE que más ha analizado los fondos españoles, las comisiones aquí suelen rondar precisamente el 2%, con lo que se comerían esta exigua rentabilidad. El profesor divulga cada año un informe y el último, con datos de 2015, fue tan deprimente como de costumbre: entre los 322 fondos con más de 15 años de historia, apenas dos lograron una rentabilidad superior a la evolución del Ibex 35, y sólo uno superó la de los bonos del Estado, mientras que hasta 47 tuvieron una rentabilidad promedio negativa.

LA MINISTRA PAGA LOS FAVORES y nombra Director General a quien votó a favor del informe de RECORTE de las PENSIONES

Al igual que hicieron anteriores Gobiernos socialistas, con nombramientos para ministros y altos cargos de dirigentes sindicales colaboracionistas.

L’article d’InfoLibre: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/12/16/banez_nombra_director_general_economista_ccoo_que_voto_favor_del_informe_del_comite_expertos_sobre_pensiones_58876_1011.html

Báñez nombra director general al economista de CCOO que apoyó el informe del comité de expertos sobre pensiones

Begoña P. Ramírez

Publicada 17/12/2016 a las 06:00

  • El sindicato calificó entonces de “error” haber dejado participar a García Díaz en el grupo de ‘sabios’ que prediseñó la reforma de 2013.
  • Sectores de CCOO cargaron contra el exdirector de su gabinete económico por su “paradójico y escandaloso” voto en una carta dirigida a Toxo

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha nombrado director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, que fue director del gabinete económico de CCOO y formó parte del comité de expertos que elaboró el proyecto de reforma de las pensiones de 2013.

García Díaz levantó toda una polémica en 2013 cuando votó a favor del informe del comité, que diseñó un mecanismo doble para recortar las pensiones. Su posición chocó con la mantenida públicamente por CCOO. Y una parte del sindicato, el sector crítico y el gabinete interfederal, criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO.

El informe de los expertos, que sirvió de base para la reforma de las pensiones del Gobierno, contó con tres votos particulares, pero sólo uno de los 12 sabios del comité lo rechazó, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma, Santos Ruesga. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense José Luis Tortuero se abstuvo. Y Miguel Ángel García Díaz votó a favor, al tiempo que expresaba como voto particular únicamente su “preferencia” por desplazar hasta 2019 la aplicación del doble factor de sostenibilidad, en lugar de 2014 como acordó la mayoría del comité.

Los entonces compañeros de García Díaz le reprocharon su “desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis”, así como su “sucedáneo de voto particular” al informe. También cargaron contra el resto de los miembros del comité, a quienes no consideraban ni “independientes”, ni “imparciales” ni “objetivos”. “Son profesionales de parte interesada”, aseguraron entonces en una carta al secretario general, Ignacio Fernández Toxo, “con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras”.

En la rueda de prensa donde los expertos presentaron el informe, García Díaz dejó claro que su participación en el comité había sido “a título individual” y elogió la “robustez” de las fórmulas propuestas. También dijo que las defendería allí adonde se le llamara para hacerlo. Luego, a los periodistas, les aseguró que antes de la reunión había comunicado a Fernández Toxo cuál iba a ser el sentido de su voto.

CCOO se desvinculó

El sindicato respondió que no se sentía ni “reflejado ni vinculado” al documento suscrito por García Díaz, a quien se refieren como “una persona asociada” a CCOO. Pero asumió como un “error propio” haber aceptado que su economista participara en el comité de expertos. El sindicato recalcó que el entonces director de su Gabinete Económico fue elegido por el Gobierno por su “reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda Pública, y no como representante del sindicato”.”

García Díaz  también es analista senior de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en temas laborales y sobre la Seguridad Social. Además, ejerce como profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.”

Enlace al nombramiento: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11968.pdf

¿SE DEFIENDE A LOS TRABAJADORES O SE INTENTA RECAUDAR?

(Aquest post es refereix als treballadors de la Seguretat Social)

NUESTRO DEBER SINDICAL, es advertir DE LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA la campaña lanzada públicamente por CCOO, denominada  “INCIO CAMPAÑA DE RECLAMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO NCD 22”, para dos colectivos concretos: funcionarios del Cuerpo Administrativo (C1) nivel 22  y  funcionarios nivel 22 del Cuerpo de Gestión (A2), cuando no desempeñen puesto de doble adscripción A1A2  (los que tienen nivel 22 con puesto de trabajo adscrito A2C1).

Inicialmente, hubo  Sentencias que reconocían el derecho a percibir esa productividad a funcionarios del Cuerpo de Gestión de nivel 22, con puestos de doble adscripción A1A2. Después,  considerando que aquella productividad no retribuía realmente ninguna tarea específica y con esos fundamentos CGT-CAT promovió unas demandas, presentadas por los propios interesados, con Sentencias que otorgaron ese complemento a funcionarios de nivel 22 pertenecientes al Subgrupo C1, en Valencia y Zaragoza, e incluso se llegó  a reconocer a un funcionario de nivel 17.

Posteriormente, hubo extensiones de una de esas Sentencias a funcionarios del Cuerpo de Gestión nivel 22 que ostentaban puestos A2C1, pues los jueces consideraban que lo que primaba era el nivel 22 y no el Cuerpo de pertenencia. A esta campaña, en la que no había intervenido en absoluto, ya se sumó CCOO, cobrando por sus servicios. Por supuesto muchas fueron favorables y otras desfavorables. Pero todo fueron extensiones,  NO EXISTIÓ NINGUNA SENTENCIA NUEVA

Y AQUÍ SE ACABÓ LA HISTORIA, pues nuestros Juzgados, ante una avalancha de demandas y alentados por la Administración  hicieron una interpretación sumamente restrictiva del principio de igualdad, consideran que solamente se vulnera el principio de igualdad (resumidamente)  para esta productividad, cuando el  funcionario desempeña exclusivamente un puesto de doble adscripción A1A2 (Técnico y Gestión) nivel 22, pero no para todos que desempeñan un puesto de nivel 22 .

Consideran que para vulnerarse el principio de igualdad, se debe demostrar, que al que no le abonan la productividad puede desempeñar IDENTICO PUESTO DE TRABAJO que la persona a la que se le abona. Lo esencial , para los Juzgados, no es el desempeño de un puesto de nivel 22, SINO el desempeño de ese nivel en un puesto de trabajo adscrito A1A2. Ya que en ese caso, el A1 lo cobraría y no el A2. Esto mismo ha sucedido con otro tipo de productividades como la productividad media, que solamente ha sido reconocida a los funcionarios del cuerpo de Gestión, cuando desempeñan exclusivamente un puesto de doble adscripción A2C1.

Ese criterio siguen de forma reiterada tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros Tribunales Superiores de Justicia, así  como la Audiencia Nacional. Y  la posible denegación de lo solicitado,  además de los gastos de abogado y procurador, pueden acarrear costas, que en algunos casos han sido elevadísimas.

Por tanto,  a nuestro entender, con esta campaña  se pasan  de la raya y de FORMA INSENSATA E INTERESADA  (recaudación o afiliación) empujan a algunos funcionarios a pedir  algo que jamás conseguirán (SALVO MILAGRO).

Y, como demostración de lo que decimos,  la propia Asociación de Funcionarios del Cuerpo de Gestión, que ha llevado y ganado la mayoría de los casos, tanto de la productividad media, como esta de nivel 22, solamente ha planteado demandas y reclamaciones en casos de puestos de doble adscripción. Para niveles 22, doble adscripción A1A2 y productividad media doble adscripción A2C1

AHORA, CON LA INFORMACIÓN FACILITADA, CADA UNO TOME LA DECISIÓN QUE CONSIDERE OPORTUNA.