La nostra força, la solidaritat

Ayer, 1 de febrero, unos 150 compañeros y compañeras de la TGSS de Barcelona, convocados por CGT, se concentraron ante la Dirección Provincial (C/ Aragó, 273) para mostrar su solidaridad con la plantilla de los Servicios Centrales en Madrid  ante la presencia de amianto en el edificio y exigir a la dirección General de la TGSS transparencia y seguridad para abordar este problema.

Hoy, 2 de febrero, a las 11,30h están convocadas las plantillas de TGSS, GISS, IGSS y de las empresas externas de servicios informáticos a una asamblea en la puerta principal de los SSCC de la TGSS en C/ Astros 5-7 para informar de la situación y para exigir a la Dirección que nos entregue toda la documentación que obre en su poder –como es preceptivo- sobre el amianto en el edificio y que cese en el oscurantismo a la hora de abordar este problema. Hemos tenido que convocar la asamblea en la calle al negarnos la posibilidad de realizarla dentro del edificio y en horas de trabajo.

La Seguridad Social encuentra amianto en su sede central pero no informa a la plantilla para no alarmar

Pel seu interès, us reproduïm l’article “La Seguridad Social encuentra amianto en su sede central pero no informa a la plantilla para no alarmar“, de Begoña P. Ramírez, aparegut al digital  InfoLibre.

  • “La Inspección de Trabajo enviará un requerimiento a la Tesorería para que entregue toda la documentación sobre el hallazgo a los sindicatos
  • El organismo asegura que no existe riesgo alguno para los funcionarios y que retirará el mineral carcinógeno aunque no es obligatorio
  • B.Pérez Ramirez A principios del pasado verano una obra en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid desveló la existencia de amianto debajo de la fachada, en las bajantes de aguas pluviales y en las tuberías de las torres de refrigeración. El amianto es un mineral que se utilizaba como aislante en la construcción y es cancerígeno. España lo prohibió en junio de 2002.

    Los delegados de Prevención de los sindicatos fueron informados de la presencia del amianto meses después, el 19 de octubre, pero no se comunicó nada a la plantilla para evitar “alarmas sin justificación”: los responsables de la TGSS les aseguraron que no había ningún riesgo para los trabajadores porque el amianto se hallaba en “zonas inaccesibles para los funcionarios”. Aun así, los delegados solicitaron toda la documentación sobre el asunto, incluidas las mediciones realizadas. En ese momento aún faltaba por inspeccionar el 20% del edificio, situado en la calle de los Astros de Madrid. Construido en los años 70, el inmueble, conocido como Apolo XI, aloja a unos 900 trabajadores.
    El pasado enero, la CGT, sindicato mayoritario en el Ministerio de Empleo, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la TGSS no le proporcionaba la documentación sobre el hallazgo. Este miércoles, ambas partes se han reunido a instancias de los inspectores. Según fuentes de CGT, la Tesorería accedía a entregar los informes si el sindicato desconvocaba la concentración que ha organizado para este jueves. El sindicato, que considera la propuesta “una encerrona”, ha rechazado desconvocar la medida. Por su parte, la Inspección, añaden las mismas fuentes, ha decidido requerir a la Tesorería que entregue la documentación sobre el amianto a los sindicatos. Además, ha instado a ambos a elaborar un comunicado conjunto para informar a la plantilla.
    “La ley obliga a la TGSS a entregar físicamente, en mano, y sin ninguna limitación temporal, los documentos necesarios”, explican fuentes del sindicato a infoLibre. Sin embargo, la Tesorería sólo les permite “ver” los informes en el Servicio de Prevención y Salud Laboral. “Queremos los documentos para que los técnicos del sindicato comprueben si es cierto que no hay peligro”, argumentan.

    Según CGT, hay “más zonas con amianto” de las que se localizaron en un principio”. De hecho, añaden, “este mismo viernes se van a señalizar más puntos” donde se encuentra el mineral cancerígeno y se van a hacer nuevas mediciones. La Seguridad Social no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por los resultados de la inspección de ese 20% del edificio que faltaba por comprobar el pasado mes de octubre.

    El sindicato también denuncia que la Tesorería no ha informado del hallazgo a los trabajadores de las consultoras de informática subcontratadas que trabajan en el edificio, como Atos, Indra, o Connectis. Ni a los empleados de las sucursales del BBVA, Bankia y Santander que comparten locales con la Seguridad Social.

    Los trabajadores de la TGSS se enteraron de la presencia del amianto el pasado 27 de enero, cuando la CGT les envió un comunicado y convocó una asamblea informativa. La TGSS respondió entonces con otra nota donde insistía en la ausencia de riesgo para la plantilla y anunciaba la retirada del amianto y su sustitución por “agentes inocuos”, pese a que la ley no obliga a hacerlo “si no hay riesgo de manipulación o de accidentes que provoquen una fuga de fibras al medio ambiente”. También apunta que los delegados de Prevención a los que informó en octubre discreparon entonces “abiertamente sobre la oportunidad de realizar comunicados que alarmaran sin justificación a las personas que trabajan en el complejo Apolo XI”.

    Contratos pendientes

    A los delegados sindicales la TGSS les comunicó que iba a contratar a una empresa para efectuar “un control dos veces al año” del amianto encontrado detrás de las fachadas, que no puede ser retirado por integrar la estructura del edificio. Igualmente iba a contratar a otra empresa especializada para eliminar el mineral de las bajantes y los conductos. Entonces los responsables de la Tesorería anunciaron que la contratación sería efectiva en enero o febrero de 2017. Pero, hasta el momento, asegura la CGT, aún no se ha contratado a ninguna empresa.

    infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por estas contrataciones, así como por el coste que va a tener toda la operación, pero no ha recibido respuesta. Fulton es la firma que se encarga de las tareas de mantenimiento en el edificio. Sus trabajadores sí corren riesgo, según reconoció la propia TGSS en octubre, puesto que ellos tienen acceso a las zonas donde se ha encontrado el amianto. La empresa que está inspeccionando y localizando el mineral cancerígeno es la multinacional suiza SGS (Société Générale de Surveillance).
    La Tesorería también se comprometió a elaborar un Plan de Control y Gestión del amianto, que según la Seguridad Social se centra en la prevención y que ya se está aplicando. CGT dice que ese plan no existe.

    Sólo reconoce el 1,88% de los casos

    Más de la mitad de los cánceres con origen laboral se atribuyen al amianto, en concreto a la inhalación de las fibras de este mineral. Y es la Seguridad Social la que debe pagar a los afectados la incapacidad temporal por enfermedad profesional, un proceso que suele demorarse años en los tribunales.

    En 2015, el sistema Cepross, por el que se comunican las enfermedades profesionales a la Seguridad Social sólo registró 23 partes por agentes cancerígenos, de los cuales 19 correspondieron a exposiciones al amianto. Los sindicatos se quejan de la “infradeclaración” de cánceres originados en el trabajo. Aún más en el caso del amianto. El último informe del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (Pivistea), del Ministerio de Sanidad, es de 2014. Tiene carácter bianual y el de 2016 aún no ha sido publicado. Según este documento, la Seguridad Social sólo reconoce el 1,88% de los casos de enfermedades derivadas del amianto, es decir, de los 3.384 diagnosticados hasta esa fecha, sólo ha reconocido 64.”

El problema de las pensiones no es la demografía

Us reproduïm aquest article aparegut al blog Apuntes de demografía del doctor en sociologia, demògraf i investigador del CSIC Julio Pérez Díaz .

Miret, P. & Zueras, P. (2016) La quiebra en el sistema público de pensiones: ¡no en nombre de la demografía! en Perspectives Demogràfiques, n. 8

Prácticamente todos los países del mundo muestran hoy una fuerte tendencia a recuperar los discursos demográficos alarmistas, tan extendidos durante el auge de los nacionalismos previo a la segunda guerra mundial. La “baja” natalidad y el envejecimiento demográfico son de nuevo el gran coco que justifica recortes, llamadas al patriotismo y políticas moralizantes para que se refuerce la familia tradicional y cada cual cumpla su rol y su obligación reproductora (especialmente las mujeres, esas descarriadas eternas en nuestra historia demográfica).

En medio de esta oleada política, la gran paradoja es que cualquiera toma los datos de población y los interpreta a su gusto, mientras que sobran los demógrafos y su elaboración y análisis de tales datos, porque no conducen a los resultados preconcebidos por la ideología gobernante. Me he hecho eco aquí muchas veces de esta paradoja (véase, a título de ejemplo, cómo una comisión senatorial española  creada para tratar un problema demográfico acaba ninguneando a los expertos convocados, para centrarse en un panfleto redactado por un absoluto ignorante de dicha disciplina).

Hoy recomiendo nuevamente leer lo que dicen los demógrafos acerca del problema de las pensiones en España, en este caso dos investigadores del CED, único centro de investigación específicamente dedicado en España a esta materia.  Como podrá comprobarse, lejos de atravesar una coyuntura poblacional desfavorable para el sistema público de pensiones, nuestra demografía jamás fue mejor para nutrir su caja. Lo sorprendente es que una afirmación tan rotunda como ésta, basada en datos y análisis rotundos e incontestables, sea ignorada como si los demógrafos de verdad nunca dijesen nada. El bombardeo masivo y constante para convencer a la ciudadanía de todo lo contrario acaba triunfando por pura machaconería, pero no podrá decirse que nos mantuvimos callados mientras tanto.

LA MINISTRA PAGA LOS FAVORES y nombra Director General a quien votó a favor del informe de RECORTE de las PENSIONES

Al igual que hicieron anteriores Gobiernos socialistas, con nombramientos para ministros y altos cargos de dirigentes sindicales colaboracionistas.

L’article d’InfoLibre: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/12/16/banez_nombra_director_general_economista_ccoo_que_voto_favor_del_informe_del_comite_expertos_sobre_pensiones_58876_1011.html

Báñez nombra director general al economista de CCOO que apoyó el informe del comité de expertos sobre pensiones

Begoña P. Ramírez

Publicada 17/12/2016 a las 06:00

  • El sindicato calificó entonces de “error” haber dejado participar a García Díaz en el grupo de ‘sabios’ que prediseñó la reforma de 2013.
  • Sectores de CCOO cargaron contra el exdirector de su gabinete económico por su “paradójico y escandaloso” voto en una carta dirigida a Toxo

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha nombrado director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, que fue director del gabinete económico de CCOO y formó parte del comité de expertos que elaboró el proyecto de reforma de las pensiones de 2013.

García Díaz levantó toda una polémica en 2013 cuando votó a favor del informe del comité, que diseñó un mecanismo doble para recortar las pensiones. Su posición chocó con la mantenida públicamente por CCOO. Y una parte del sindicato, el sector crítico y el gabinete interfederal, criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO.

El informe de los expertos, que sirvió de base para la reforma de las pensiones del Gobierno, contó con tres votos particulares, pero sólo uno de los 12 sabios del comité lo rechazó, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma, Santos Ruesga. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense José Luis Tortuero se abstuvo. Y Miguel Ángel García Díaz votó a favor, al tiempo que expresaba como voto particular únicamente su “preferencia” por desplazar hasta 2019 la aplicación del doble factor de sostenibilidad, en lugar de 2014 como acordó la mayoría del comité.

Los entonces compañeros de García Díaz le reprocharon su “desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis”, así como su “sucedáneo de voto particular” al informe. También cargaron contra el resto de los miembros del comité, a quienes no consideraban ni “independientes”, ni “imparciales” ni “objetivos”. “Son profesionales de parte interesada”, aseguraron entonces en una carta al secretario general, Ignacio Fernández Toxo, “con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras”.

En la rueda de prensa donde los expertos presentaron el informe, García Díaz dejó claro que su participación en el comité había sido “a título individual” y elogió la “robustez” de las fórmulas propuestas. También dijo que las defendería allí adonde se le llamara para hacerlo. Luego, a los periodistas, les aseguró que antes de la reunión había comunicado a Fernández Toxo cuál iba a ser el sentido de su voto.

CCOO se desvinculó

El sindicato respondió que no se sentía ni “reflejado ni vinculado” al documento suscrito por García Díaz, a quien se refieren como “una persona asociada” a CCOO. Pero asumió como un “error propio” haber aceptado que su economista participara en el comité de expertos. El sindicato recalcó que el entonces director de su Gabinete Económico fue elegido por el Gobierno por su “reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda Pública, y no como representante del sindicato”.”

García Díaz  también es analista senior de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en temas laborales y sobre la Seguridad Social. Además, ejerce como profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.”

Enlace al nombramiento: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11968.pdf

¿SE DEFIENDE A LOS TRABAJADORES O SE INTENTA RECAUDAR?

(Aquest post es refereix als treballadors de la Seguretat Social)

NUESTRO DEBER SINDICAL, es advertir DE LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA la campaña lanzada públicamente por CCOO, denominada  “INCIO CAMPAÑA DE RECLAMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO NCD 22”, para dos colectivos concretos: funcionarios del Cuerpo Administrativo (C1) nivel 22  y  funcionarios nivel 22 del Cuerpo de Gestión (A2), cuando no desempeñen puesto de doble adscripción A1A2  (los que tienen nivel 22 con puesto de trabajo adscrito A2C1).

Inicialmente, hubo  Sentencias que reconocían el derecho a percibir esa productividad a funcionarios del Cuerpo de Gestión de nivel 22, con puestos de doble adscripción A1A2. Después,  considerando que aquella productividad no retribuía realmente ninguna tarea específica y con esos fundamentos CGT-CAT promovió unas demandas, presentadas por los propios interesados, con Sentencias que otorgaron ese complemento a funcionarios de nivel 22 pertenecientes al Subgrupo C1, en Valencia y Zaragoza, e incluso se llegó  a reconocer a un funcionario de nivel 17.

Posteriormente, hubo extensiones de una de esas Sentencias a funcionarios del Cuerpo de Gestión nivel 22 que ostentaban puestos A2C1, pues los jueces consideraban que lo que primaba era el nivel 22 y no el Cuerpo de pertenencia. A esta campaña, en la que no había intervenido en absoluto, ya se sumó CCOO, cobrando por sus servicios. Por supuesto muchas fueron favorables y otras desfavorables. Pero todo fueron extensiones,  NO EXISTIÓ NINGUNA SENTENCIA NUEVA

Y AQUÍ SE ACABÓ LA HISTORIA, pues nuestros Juzgados, ante una avalancha de demandas y alentados por la Administración  hicieron una interpretación sumamente restrictiva del principio de igualdad, consideran que solamente se vulnera el principio de igualdad (resumidamente)  para esta productividad, cuando el  funcionario desempeña exclusivamente un puesto de doble adscripción A1A2 (Técnico y Gestión) nivel 22, pero no para todos que desempeñan un puesto de nivel 22 .

Consideran que para vulnerarse el principio de igualdad, se debe demostrar, que al que no le abonan la productividad puede desempeñar IDENTICO PUESTO DE TRABAJO que la persona a la que se le abona. Lo esencial , para los Juzgados, no es el desempeño de un puesto de nivel 22, SINO el desempeño de ese nivel en un puesto de trabajo adscrito A1A2. Ya que en ese caso, el A1 lo cobraría y no el A2. Esto mismo ha sucedido con otro tipo de productividades como la productividad media, que solamente ha sido reconocida a los funcionarios del cuerpo de Gestión, cuando desempeñan exclusivamente un puesto de doble adscripción A2C1.

Ese criterio siguen de forma reiterada tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros Tribunales Superiores de Justicia, así  como la Audiencia Nacional. Y  la posible denegación de lo solicitado,  además de los gastos de abogado y procurador, pueden acarrear costas, que en algunos casos han sido elevadísimas.

Por tanto,  a nuestro entender, con esta campaña  se pasan  de la raya y de FORMA INSENSATA E INTERESADA  (recaudación o afiliación) empujan a algunos funcionarios a pedir  algo que jamás conseguirán (SALVO MILAGRO).

Y, como demostración de lo que decimos,  la propia Asociación de Funcionarios del Cuerpo de Gestión, que ha llevado y ganado la mayoría de los casos, tanto de la productividad media, como esta de nivel 22, solamente ha planteado demandas y reclamaciones en casos de puestos de doble adscripción. Para niveles 22, doble adscripción A1A2 y productividad media doble adscripción A2C1

AHORA, CON LA INFORMACIÓN FACILITADA, CADA UNO TOME LA DECISIÓN QUE CONSIDERE OPORTUNA.

Las pensiones privadas un fracaso anunciado.

(Article d’Edmundo Fayanas Escuer, publicat originalment –enllaç– a NuevaTribuna. El reproduïm pel seu interès, respectant la seva llicència Creative Commons de distribució)

El 25 de julio se produjeron grandes manifestaciones en todo Chile en las que participaron más de 750.000 personas clamando contra las pensiones privadas existentes en el país. Para el subsecretario de Hacienda del actual gobierno de Chile “Este tema quizá es más importante que la educación”.

Como era de prever, ningún medio de comunicación español se ha hecho eco del problema de los pensionistas chilenos y menos cuando cuestionan las pensiones privadas.

La privatización del sistema de pensiones se remonta a la dictadura de Pinochet, cuando el ministro neoliberal José Piñera ministro de Trabajo, prometía a todos los trabajadores que se jubilarían con la mayoría de su sueldo intacto. La realidad ha sido que la mitad de los trabajadores que optaron por el sistema privado se van a jubilar con una pensión inferior al 21% de su salario como trabajadores.

El trabajador chileno tiene que optar por continuar en el sistema público o irse a uno privado. Veamos cual es el resultado de ambas elecciones. Hablamos de dos técnicos de laboratorio, que cobran 730 dólares mensuales y se retiran con la misma edad y años de cotización. Uno se apunta al sistema público y el otro al privado.

En ese momento, el que eligió el sistema privado le queda una pensión de 240 dólares mensuales y la duración de su pensión es de veinte años. Si ese trabajador vive más de veinte años desde que se jubila, se queda sin nada. El que eligió el sistema público de pensiones le queda una pensión de 540 dólares para toda la vida. Continua la lectura de Las pensiones privadas un fracaso anunciado.

OTRO PUFO MAS A COSTA DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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Artículo publicado en Infolibre sobre el centro de formación de Pozuelo

La Seguridad Social cierra un “hotel de lujo” para sus funcionarios en medio de un litigio con el adjudicatario

  • El centro de formación de Pozuelo, que costó 40,4 millones de euros, tardó 12 años en abrir sus puertas pero su explotación privatizada ha durado sólo dos
  • El hotel, con 27 suites y piscina climatizada, se publicitaba en webs de reservas hasta que la Seguridad Social prohibió que lo ocuparan clientes que no fueran funcionarios
  • La empresa concesionaria asegura que los cursos de formación sólo le permitían una ocupación del 50% y anuncia una querella criminal

Era ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio cuando en febrero de 2002 el secretario de Estado de Seguridad Social Gerardo Camps presentó ante los medios de comunicación la maqueta del futuro centro de formación permanente para funcionarios del organismo de previsión. Una gran parcela en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, que iba a albergar en 22.221 metros cuadrados no sólo aulas de formación sino también una biblioteca y un complejo residencial para alojar a los cursillistas, todo ello distribuido en tres grandes edificios. Además de formación, el recinto podría incluso acoger “actos multitudinarios”. Su inauguración, anunció Camps, estaba prevista en 2005. Iba a costar 25,57 millones de euros.

En agosto de ese mismo año se adjudicó el diseño del proyecto por 2,06 millones de euros. Pero no fue hasta julio de 2007 cuando se adjudicaron las obras, a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por 28,78 millones de euros. Tres años más tarde se proyectaron “obras complementarias” por otros 619.204 euros, que entonces ejecutó de nuevo FCC a cambio de 7,73 millones más. En 2012 se licitó el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Pero no fue hasta octubre de 2013, casi 12 años después de la maqueta de Camps, cuando por fin el “complejo residencial” abrió sus puertas, una vez adjudicada su explotación a Touractive, una empresa hostelera.

Hasta ese momento, el recinto le había costado al erario público un total de 40,38 millones de euros, un 58% por encima del presupuesto inicial. Dos años y cuatro meses después, el pasado mes de febrero, el centro está cerrado y la empresa que lo explotaba prepara una querella criminal por abuso de derecho contra la Seguridad Social. Este organismo público, a su vez, presentó el pasado 4 de mayo una demanda civil contra el adjudicatario.

“Es un hotel de lujo”

Finalmente, el centro de formación de Pozuelo incluye un auditorio con aforo para 480 personas, una sala de juntas, ocho aulas que pueden albergar hasta 110 cursillistas, además de un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, un restaurante y un autoservicio para otros 195 comensales. Sin olvidar la piscina climatizada y un gimnasio. “Es un hotel de lujo”, destaca Justo Domingo Blanco, el administrador de Touractive.

Todo ello dispuesto para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social que reciben cursos de formación o a los directivos que celebran jornadas o encuentros internacionales, según publicita el centro en la propia página web del organismo público. También está destinado a los familiares de los funcionarios “hasta segundo grado inclusive” –abuelos, hermanos y nietos– durante los fines de semana –los cursos sólo se celebran de lunes a viernes– y a otros clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”. Estos últimos siempre que lo autorice previamente la Tesorería General de la Seguridad Social. Así consta en el pliego de condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” el uso del recinto “podría extenderse al sector privado”.

El precio de la habitación doble aparece fijado en el citado pliego de condiciones: 40 euros la noche para los funcionarios de la Seguridad Social de lunes a viernes y 52 euros los fines de semana. Si el funcionario pertenecía a cualquier otro departamento de la Administración pública, debía pagar 52 euros. Para los clientes “externos”, la tarifa podhttp://cgtagegirona.infoía fijarla libremente el adjudicatario.

Touractive consiguió el contrato para la “explotación patrimonial” del complejo residencial en un concurso publicado el 25 de julio y cuyo plazo para presentar ofertas terminaba el 19 de agosto. Fue la única empresa candidataOfreció un canon anual de 27.000 euros, sin IVA, más del doble de los 12.000 euros que establecían los pliegos de condiciones del contrato. “Nos pareció una buena combinación”, explica Justo Domingo Blanco, “completar con ocupación turística los periodos en que no había ocupación con los cursos y la actividad de la Seguridad Social: los fines de semana, las navidades y todo el verano”.

Así, el “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.com,letsBookHotel.comrumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrece “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclama……..

Volverá a ser explotado por una empresa privada

El penúltimo capítulo de la historia se escribió el pasado mes de febrero, cuando la Seguridad Social comunicó a Touractive la resolución del contrato, en principio de tres años prorrogables a 54 meses, “por incumplimiento culpable de la empresa tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y del canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios, al haber suelto de forma unilateral el contrato. Justo Domingo dice que, excepto la factura del gas, el resto ya le ha sido descontado y, por tanto, no debe nada por el canon al organismo público. Tampoco se le ha notificado aún la demanda civil de la que habla la Seguridad Social. Ésta, por su parte, anuncia que va a volver a licitar la explotación del complejo residencial, aunque no precisa cuándo y si va a cambiar las condiciones en que lo adjudicó la primera vez, en vista del resultado.

En uno de los tres edificios del complejo sólo queda ahora un puñado de funcionarios de la Seguridad Social, además de su gerente –hasta septiembre no se imparten cursos–. Uno de ellos es Antonio de Guindos, hermano del ministro de Economía y funcionario del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social. Recaló en el centro de Pozuelo tras dimitir como concejal de Seguridad del Ayuntamiento al ser imputado en el caso del Madrid Arena.

Articulo completo en el PDF adjunto:Centro de Pozuelo

http://cgtagegirona.info

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/NoHayDerechoCGTCAT @CGTCAT

La TGSS adjudica un contrato de mantenimiento de edificios a una empresa con pocas garantías

La empresa adjudicataria, Velasco Grupo Empresarial S.L, salió de la noche a la mañana de concurso de acreedores. Su apoderado era alto cargo de la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) en la etapa del PP y su gestión se caracterizó por el abandono y el expolio del parque de vivienda pública.

image006Mientras siguen las investigaciones judiciales sobre la gestión de inmuebles públicos por parte del anterior gobierno de Madrid (PP), entre ellas demandas por más de 20 millones € por falta de mantenimiento de las viviendas sociales, la TGSS adjudica un contrato de mantenimiento de edificios de su propiedad en Madrid a una empresa que, al parecer de la noche a la mañana, salió de un concurso de acreedores y cuyo Apoderado era alto cargo de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), cuando sucedieron estas “cosillas”:

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/3be0846a-6354-4718-b295-24e503c70d2e/DOC_CD2015-151702.pdf?MOD=AJPERES

Constituye el objeto de este contrato la prestación de los servicios de reparación de los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, sitos en Madrid, no destinados a servicios administrativos o asistenciales de la Seguridad Social sino a arrendamientos. Asimismo, se incluirán la reparación y adecuación de aquellos inmuebles que finalizando su arrendamiento, su uso administrativo o asistencial se prevea su explotación

QUINTA.- Presupuesto del contrato

5.1 El presupuesto base de licitación de este contrato, que constituye el importe máximo a efectos de licitación, es de QUINIENTOS MIL EUROS(500.000,00) euros, IVA excluido, con el siguiente desglose y distribución, considerando el calendario de reconocimiento de la obligación, y cuota correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo que lo sustituya:

 Año Importe

(IVA excluido)

Importe IVA

(al tipo 21.%)

Total

(IVA incluido)

2016 250.000,00€ 52.500,00€ 302.500,00€
2017 250.000,00€ 52.500,00€ 302.500,00€
TOTAL 500.000,00€ 105.000,00€ 605.000,00€

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL,S.L.

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL –   Nº Acto: 000356006 – Fecha Acto: 31/08/2015

Nombramientos. Apoderado: OSLE URANGA FERMIN

La EMVS acumula 20 millones de euros en demandas durante la gestión del PP

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_madrid/1457984514_606041.html

http://www.publico.es/politica/expolia-pp-madrid-parque-viviendas.html

http://www.elboletin.com/nacional/74875/viviendas-sociales-querella-ana-botella.html

http://www.infocif.es/empresa/velasco-grupo-empresarial-sl

 http://www.elplural.com/2016/02/18/375525/

Dimite el director general de Vivienda de Fomento tras ser imputado por la venta de pisos del IVIMA

2/02/2016 – 11:02 Actualizado: 11:10 – 2/02/16

El director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen, ha presentado su renuncia al cargo, tras haber sido citado a declarar como investigado por la venta de viviendas de protección a fondos de inversión cuando dirigía el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

En una entrevista en RNE; la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha informado de que Van-Halen le ha presentado su renuncia, después de transmitirle que actuó conforme a la ley “porque lo que hacía era cumplir con las indicaciones que le habían señalado”.

La ministra ha añadido que Van-Halen le ha pedido que acepte su renuncia porque quiere comparecer en el caso como “ciudadano”, ya que los hechos no tienen nada que ver con su actual responsabilidad.

Malversación de fondos públicos y prevaricación

Un juzgado de Madrid ha citado a declarar en calidad de “investigado” al ex director general del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) Juan Van-Halen Rodríguez por la venta de 2.935 viviendas de este extinto organismo autonómico al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs.

La declaración de Van-Halen está fijada para el 23 de febrero, según la providencia del Juzgado de Instrucción número 48, que investiga la querella por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación en la venta de 32 promociones de viviendas sociales madrileñas.

En su escrito, del 26 de enero, el juez ordena solicitar al Registro Mercantil que aporte al juzgado “la hoja registral íntegra de Colón Viviendas S.I.I. S.A”

Para tod@s, todo. Para nosotr@s, nada.
/NoHayDerechoCGTCAT @CGTCAT

INFOTUSS… otro pasito más en el DESMANTELAMIENTO de lo público

Son TUSS perjúmenes…

¿Qué es INFOTUSS?

Es una herramienta telemática de uso personal para el ciudadano, donde podrá visualizar datos concretos de su Vida Laboral, así como de las Prestaciones que puede tramitar, o está tramitando. Contiene, por tanto, datos de carácter PRIVADO, que deben estar protegidos en consonancia con la Ley de Protección de Datos.

Para su acceso es necesario obtener una contraseña, conocida como Cl@ve, que es personal e intransferible, y que identifica a su propietario como la persona real que visualiza esos datos.

Con motivo de la apertura de un nuevo servicio en INFOTUSS, las simulaciones de jubilación, se les da instrucciones a los informadores de los CAISS para que accedan a las páginas personales de los ciudadanos, registrados con Cl@ve o no, para actuar en su nombre y confeccionar esa simulación como si fueran ellos mismos, es decir, suplantando su identidad.

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 En la presentación sobre esta nueva herramienta, la Dirección General del INSS lo expresa de esta forma:

  • Con INFOTUSS los informadores acceden a las páginas personales de los ciudadanos en TUSS, tanto si están registrados como si no lo están.
  • Los informadores tendrán a su disposición los datos TUSS de cada ciudadano y podrán realizar trámites y gestiones desde la plataforma.
  • El “portlet” del informador le permite asumir el rol de otro usuario y ver o modificar su portal.

 Se les otorga a los informadores autorización para acceder a estas bases de datos, pero se les advierte que los accesos a INFOTUSS son objeto de auditoría. No nos extraña, cuando se trata de una herramienta que se muestra rayana con la más insolente ilegalidad. Quieren que pongan el esfuerzo, pero les empujan a la inseguridad jurídica a título personal.

 Abrir un “canal” para cerrar otro.

Más instrucciones: cuando un ciudadano solicite un Precálculo, una simulación de jubilación, ya no podrán en los CAISS abrir su expediente para que sea tramitado en el departamento de Jubilación, sino que deberán acceder a INFOTUSS y confeccionarlo ellos mismos, de manera inmediata, entregando al solicitante una impresión de la información obtenida (sólo se podrán recoger los Precálculos que INFOTUSS no pueda tramitar, debido a alguna incidencia del sistema).

Es decir, que eliminan de cuajo el TRÁMITE PRESENCIAL, algo que entra en abierta contradicción con la declaración de intenciones del INSS, repetida con insistencia dentro y fuera de nuestro ámbito, respecto a la libertad de elección del canal de comunicación por parte de los ciudadanos. Esto lo expresan así desde la Dirección General:

El modelo de servicios del INSS se plasma en el PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015, mediante un intenso programa de reforma, que busca:

  • Adaptar los servicios que presta a las nuevas características de la población.
  • Optimizar los procesos de gestión y atención para conseguir alcanzar el mejor nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales y de satisfacción de los clientes.
  • Proporcionar a los ciudadanos una libre elección de canal, tanto para consulta como para el ejercicio de sus derechos.

Se les repite mucho a los trabajadores de la casa eso de la “libre elección de canal”, pero cuanto más lo repiten, más canales de comunicación va perdiendo el sufrido ciudadano…

Es decir, que poner en marcha una herramienta telemática para calcular las pensiones futuras, ordenando que se paralice de inmediato el trámite de esas simulaciones por la vía tradicional (trámite interno), no se parece nada a aumentar los canales de acceso, sino que es, sin duda alguna, sustituir un canal por otro.

TUSS es una herramienta telemática cuyo objetivo final es que los ciudadanos tramiten desde casa sus propias prestaciones; de momento, simulaciones de jubilación. Pero en esta primera fase quieren poner a los informadores de los CAISS a modo de orientadores, para que “eduquen” a la población en la modernísima tarea de dejar de acudir a las oficinas. Vamos vaciando la atención presencial un poco más, tras el “todo con Cita Previa”, y el Sistema Inteligente de “Expulsión” de Ciudadanos (SIGE).

Simulaciones de jubilación.

La Ley 27/2011 de Reforma de las Pensiones, enriquecida posteriormente con el Decretazo de marzo del 2013, ha convertido el proceso de cálculo de una jubilación en una labor de titanes. Se dan muchos casos en que un solicitante puede llegar a acceder a su jubilación a través de tres vías (condición de Mutualista o no; acogido al periodo transitorio de la Ley 30/2007 o no; adaptado a los leoninos y cambiantes requisitos para acceder a una jubilación anticipada involuntaria o no…). Sinceramente, dudamos mucho que el programa INFOTUSS sea capaz, no sólo de realizar cálculos por más de una vía de acceso, sino también de contemplar en sus parámetros un sinfín de situaciones personales que darían derecho a jubilaciones especiales (discapacidad, coeficientes reductores específicos, bonificaciones para edad, etc.).

Y aunque así fuera, si los compañeros de trámite en Jubilación han entregado energías y esfuerzo sobredimensionado para resolver solicitudes que se hacían imposibles ante tanta amalgama legislativa, seguro que los informadores CAISS pondrán en duda que un simple programa informático sea capaz de sustituir esta acción humana; está cantado que se toparán con la rigidez y la frialdad propias de un cerebro artificial.

Utilización política de los empleados públicos.

Como la puesta en marcha de estas simulaciones de jubilación vía TUSS coincide con un periodo preelectoral, desde la Dirección General lo plantean de esta forma:

 El periodo preelectoral en el que nos encontramos limita en estos momentos la capacidad de realizar campañas públicas de difusión, por lo que es muy importante la labor de los informadores de CAISS para dar a conocer entre nuestros clientes este nuevo servicio.

Es oportuno que este servicio se utilice para mostrar a los ciudadanos el potencial de servicios actuales y futuros de “Tu Seguridad Social” e incentivar el registro y activación del mayor número de personas, de forma que en el futuro sea el propio usuario el que pueda efectuar la simulación de su futura pensión y realizar otras gestiones.

Es decir, a falta de campaña institucional (porque los adversarios políticos la tratarían de electoralista), los informadores CAISS, que son totalmente apolíticos, les ayudarán a realizar una campaña informativa de un experimento que conlleva las siguientes consecuencias:

  • La posible vulneración de la Ley de Protección de Datos, con el consiguiente riesgo para su seguridad jurídica, además de una intromisión en la esfera privada de los ciudadanos.
  • La degradación del servicio de Precálculos de Jubilación (no nos harán creer que el programita sustituirá la labor esforzada de muchos compañeros).
  • La colaboración en las varias veces suspendida campaña de cartas informativas (8 millones llegaron a imprimir, nadie sabe dónde están), para mayor gloria de las Mutuas de Aseguramiento y la Banca, cuya velada intención era mostrarle a la población (les llaman “clientes”), lo mísero de su futura pensión, algo que podría incitarles a suscribir planes privados de pensiones.
  • El asesoramiento al ciudadano para que se acostumbre a utilizar el canal telemático, (cosa muy positiva para aquellos cuyo perfil encaje, que no es el del pensionista clásico, o el del futurible inmediato), sugiriéndoles, de paso, que ya no necesitarán el canal presencial (qué fácil es el TUSS); podemos empezar a echar los cerrojos en nuestras oficinas

En definitiva, un empujoncito para ir cavando a tramos nuestra propia tumba como gestores de lo público; en paralelo a la salvaje reducción de plantilla sufrida, los aún activos ya no seremos necesarios, nos podremos jubilar con orgullo, pero el último, que apague la luz; fin de la Administración Pública.

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